Mentiras verdaderas
El titulo se parece al de una conocida película,
pero, este artículo trata de exponer la supuesta realidad
que las máximas autoridades de la nación quieren
hacernos ver, antes que dejarnos librados a la también
supuesta realidad virtual que muestran los medios de difusión.
Algo así como decirnos cual de las dos mentiras se
parece más a la verdad.
Pero, cabe la pregunta: ¿Cuál es la verdadera
realidad, la que nos cuentan desde el gobierno o la que muestran
los medios?; ¿no podría existir alguna otra
posibilidad intermedia?, y en ese caso, ¿a quiénes
les correspondería cumplir con su difusión?.
A los medios no, porque podrían no ser ecuánimes
o tener una mirada critica de la realidad; al gobierno tampoco,
porque también podría sostener sus conveniencias.
¿Entonces, qué?
Cada parte y cada quien tiene o vive una realidad distinta,
y todas son verdaderas. El problema existe cuando las mentiras
se confunden con las verdades, y al poco tiempo se convierten
en “mentiras verdaderas”.
Y ahora, me referiré a lo que motiva la redacción
de este artículo: la libertad de expresión,
la libertad de elegir la fuente de información, el
pluralismo democrático, los derechos adquiridos y la
nueva Ley de Medios.
Puesto, que si bien la nueva ley –actualmente suspendida
judicialmente- en su elevación incluye esas ineludibles
garantías constitucionales citadas, en su articulado
las elude totalmente. Lo que dispone –entonces- se convierte
en “verdaderas mentiras”; concede y quita al mismo
tiempo.
No existe libertad de expresión cuando se imponen topes,
cuotas, porcentajes o se limita la potencia por cuestiones
que no responden a las factibilidades técnicas de asignación.
No existe la libertad de elegir cuando el espectro radioeléctrico
destinado a los servicios abiertos y gratuitos, es enajenado
por sistemas inadecuados hasta la saturación total.
No existe pluralismo democrático cuando cada medio
responde a un sector definido, pues, en realidad eso es polarización.
No existen los derechos adquiridos cuando, además,
de obligar a un pronto desprendimiento de las empresas, el
propio Estado se “autoasigna” cantidades inusitadas
de frecuencias en lugares en donde ya existe la actividad
privada. Esta limitación ética del Estado, en
su relación con los privados, está garantizada
en todas las licencias adjudicadas hasta el momento.
En definitiva, no existen los derechos enumerados en nuestra
constitución si estos no pueden ser disfrutados y gozados
por la totalidad de los habitantes, ya sean radiodifusores
o beneficiarios de los servicios que históricamente
han sido declarados de interés público.
La nueva Ley de Medios podría ser redactada nuevamente
para que la igualdad ante la ley no se convierta en un porcentaje
de igualdad; para que la libertad de expresión no sea
una libertad condicionada; para que la libertad de elegir
información no se limite a medios en manos del Estado;
para que el pluralismo democrático no se convierta
en polarización y para que los derechos adquiridos
sean una verdadera garantía para los empresarios o
inversores.
Edgardo Molo
Asesor Técnico Legal
Especialista en Radiodifusión
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