Avasallamiento y tolerancia

 

No se advierte reacción alguna, por parte del Poder Legislativo o del Poder Judicial, respecto al avasallamiento que hacen las autoridades de la radiodifusión sobre los fallos judiciales, que sus-penden –en todo el país- la aplicación de la nueva Ley de Medios SCA 26.522 y cualquier tipo de reglamentación tendiente a ponerla en vigencia.

 

Hemos visto que –a pesar de la existencia de sendos fallos judiciales que pusieron “en tela de juicio” a la citada nueva Ley de Medios- el organismo pertinente -ex-Comité Federal de Radio-difusión (COMFER), o ex-Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)- ha continuado con la promoción y difusión del “Relevamiento Obligatorio” (Resoluciones 1, 2, 3 y 4 AFSCA/10) y de los plazos establecidos para su cumplimiento.

 

Evidentemente, aunque la Autoridad de Aplicación –en este momento- no puede funcionar por dicha situación, igualmente ha seguido presionando a todos sus administrados (licenciatarios, autorizados, permisos precarios provisorios, televisión de baja potencia y señales privadas) para que cumplan con las presentaciones del censo antes del 15 de marzo del corriente año.

 

En este tema se ha involucrado a una inmensa cantidad de radiodifusores actuales (regulares y no regulares), y de radiodifusores potenciales, además de aquellos otros que sólo le prestan servicios a la industria televisiva.

De hecho, para poder cumplir con las exigencias del censo, los involucrados deben costear diversos gastos (contadores, agrimensores, homologación de equipos, gestores, etc.), sin tener todavía en claro qué es lo que pasará con la ley suspendida o con esta reglamentación –ahora no auto-rizada-; ya que de todas maneras –de ponerse nuevamente en vigencia- correspondería establecer una prórroga al vencimiento.

 

Sin ir más lejos, el lunes 15 de marzo (vencimiento del plazo), la cola para la presentación de las planillas del censo llegaba hasta la misma vereda del organismo de la calle Suipacha, de lo que se puede advertir que el temor a no ser registrado o reconocido tuvo mayor influencia que la razonabilidad de una prórroga legalmente inevitable.

Ahora bien, ¿cuándo y quién se animará a poner fin a esta situación de avasallamiento a la justicia, a las normas, a las instituciones, a los reglamentos y convenios internacionales y a los principios constitucionales?

 

Sería importante que lo expuesto sea evaluado desde el punto de vista de los simples ciudadanos, de los radiodifusores actuales y potenciales, de quienes deben recibir estos servicios y de quienes son servidores de la industria de la radiodifusión, en cualquiera de sus formas.

 

También sería interesante que se leyeran con mucha atención cada uno de los requisitos que figuran en las “planillas de adscripción”, y evaluar luego la constitucionalidad de algunos de ellos.

 

No cabe duda alguna, desde mi óptica particular, que la nueva Ley de Medios SCA aparenta tener buenas intenciones, pero, termina permitiendo muchas de las malas.

 

Un viejo precepto dice que: “El atropello será proporcional a la tolerancia que se le tenga”

 

Edgardo Molo
Asesor Técnico Legal
Especialista en Radiodifusión