Algo
más sobre apetencias desmedidas...
Hace muchos años que quien suscribe viene denunciando
que el espectro radioeléctrico se encuentra totalmente
saturado por las irregulares asignaciones y adjudicaciones
llevadas a cabo por los organismos de control y administración
(COMFER/CNC), en franca violación de todas las normas
existentes al respecto. Dichas denuncias alertaban sobre una
peligrosa tendencia a la total ocupación irregular
de la banda de radiodifusión de UHF, cosa que terminó
tal cual lo había advertido.
Pues bien, tanto es así, que la ya citada Resolución
813 COMFER/09, convalida lo dicho, toda vez que ha tenido
que quitarles las frecuencias 22, 23, 24 y 25 a sus licenciatarios
(independientemente de haber sido irregularmente asignados
allí); pues, si hubieran existido las factibilidades
técnicas necesarias (frecuencias libres) no hubieran
echado mano a frecuencias ya asignadas, adjudicadas y en funcionamiento.
Esta movida, que no guarda racionalidad ni razonabilidad alguna,
perjudica a muchos servidores de televisión codificada
que no solamente deben cambiar sus equipos de transmisión,
radiación y recepción, sino que también,
deben recomponer la situación con sus abonados.
Al mismo tiempo, es importante advertir que en esas mismas
localizaciones aparecerán las 24 o 30 señales
digitales gratuitas ofrecidas por el gobierno, significando
–sin lugar a dudas- la destrucción de la rentabilidad
de aquellos medios privados, por vía de la competencia
desleal ejercida por el propio gobierno que los autorizó
a funcionar, contrariando las garantías con que oportunamente
fueron adjudicados.
O también, la posibilidad de una censura aplicable
sobre las pequeñas emisoras que están pretendiendo
“seducir” ofreciéndoles su integración
al sistema, y así ser distribuidos –con mayor
cobertura- de la que actualmente poseen. Esto, es lo que actualmente
está sucediendo en el conurbano bonaerense.
En una primera impresión parecería fantástico;
pero, si nos fijamos bien, veremos que se trata de una captación
de emisoras privadas en funcionamiento, que pasarían
a integrar un “paquete” que saldrá al aire
a través de un transmisor estatal, desde una misma
planta radiante (torre y antenas) propiedad del Estado y mediante
un “compresor” digital, también del Estado;
con lo cual, el Poder de Turno (la Autori-dad de Aplicación
o quienes sean los que estuvieren en ese lugar), podrán
fácilmente “sacarlos del aire” en cuanto
esos medios digan lo que –para ellos- fuese inconveniente.
El Estado funcionaría como un “fusible”
cuando lo expresado a través de dichos medios supere
su resistencia. Se convertirían en emisoras cautivas,
totalmente dependientes del Estado concedente.
Es decir que nosotros, los ciudadanos –con el pago de
nuestros impuestos- seremos el sostén de medios que
destruyen con su presencia abusiva (Ver: Art. 13, Ley 23.054
– Pacto de San José de Costa Rica), el libre
ejercicio de la lícita actividad de la radiodifusión
privada.
Otra de las cuestiones que se vienen comentando con un importante
grado de certeza, es la inminente distribución -por
parte del gobierno- de un millón de “Set-Box”
(accesorio necesario para recibir señales digitales),
sobre el área de cobertura del Canal 23. Pues bien,
esto no es televisión digital gratuita destinada al
público en general, sino, para un público determinado
compuesto por un millón de hogares “digitados”
entre un total de 45.000.000 de habitantes, de todo el país.
Según parece, se quiere poner en práctica para
el próximo mes de abril (antes del Mundial de fútbol).
Evidentemente, se trata –fundamental-mente- de un proyecto
clientelista, y nada comunicacional, ya que tampoco se ha
escuchado de la posible sustanciación de “concursos
públicos” para establecer quiénes serán
los beneficiados del sistema.
Para el caso, hay que tener en cuenta que el Estado ya posee
medios propios de comunicación masiva; tiene presupuesto
para su total mantenimiento; puede tener repetidoras para
la cobertura de todo el país y posee facultad para
establecer “Cadena Nacional” cuando así
lo requiera. Ello quiere decir que las apetencias de la Resolución
813 CFR/09, son extralimitadas.
La producción de la “Señal Encuentro”
(“medio público” que sólo llega
a los abonados de cable) y todas las que se quieran sumar
al proyecto comunicacional, cultural y educativo del gobierno,
tienen espacio suficiente dentro de la programación
de Canal 7; aunque tal vez, haya que resignar algo del espacio
cedido al deporte, a fin de posibilitar la difusión
de tan importantes contenidos.
Edgardo Molo
Asesor Técnico Legal
Especialista en Radiodifusión
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