Obispos
exhortan a los funcionarios a no promover el aborto
San Justo (Buenos Aires), 07 octubre 2009 (AICA).- Los obispos
Baldomero Carlos Martini, de San Justo; su auxiliar, Damián
Bitar, y Juan Horacio Suárez, de Gregorio de Laferrère,
enviaron una carta al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza,
en la que advierten que “en todos los casos el aborto
es un crimen abominable porque quita el primero de los derechos,
el derecho a vivir, a un ser absolutamente indefenso que sólo
cuenta con la protección de quien lo lleva en su vientre,
su madre”.
El motivo de la carta fue un artículo publicado por
el periódico “El 1”, de la Universidad
Nacional de La Matanza, en su edición del 17 de agosto
de 2009, en el que informa que en los hospitales municipales
del partido se entregan kits de medicamentos a mujeres que
han sufrido una violación, que incluyen “drogas
de amplio espectro” para evitar todo tipo de enfermedades
de transmisión sexual. El artículo agrega que
también se proporcionarán píldoras de
anticoncepción de emergencia (levonorgestrel).
Los pastores señalan que “la acción del
levonorgestrel, se basa en impedir la implantación
del embrión en el endometrio (pared interna del útero),
tras ser fecundado el óvulo por el espermatozoide,
lo cual significa que produce el aborto del embrión
que no ha podido anidar”.
“Desde una visión antropológica -prosigue
el texto-, toda mujer que utiliza la ‘píldora
del día después’, adquirida por sus medios
o entregada por el Estado, tiene la clara intención
de evitar el embarazo, interrumpir la gestación o eliminar
el embrión gestado”, y tras indicar que “grupos
muy radicalizados, con el supuesto derecho a decidir por cuenta
propia o del Estado, pretenden justificar moral y jurídicamente
la interrupción del embarazo” afirman que “nadie
es dueño de la vida de su prójimo, no importa
en qué grado de madurez psicofísica se encuentre
éste. Sólo Dios es el que da la vida y sólo
Él puede quitarla”.
Por ese motivo, exhortan “a que desde la acción
gubernamental no se promueva la utilización de una
sustancia que produce la muerte de los no nacidos, asumiendo
un principio moral fundamental de la Ley natural: no matarás”.
Reconocen que “la Iglesia como Madre, comprende el
dolor de aquellas mujeres que sufren un acto de violencia,
del cual puede surgir un embarazo no buscado ni deseado. Sin
embargo no puede tolerar el asesinato de los inocentes bajo
la justificación del derecho de la madre a decidir.
El hecho de haber sido violada, que es una situación
de por sí traumática, no puede nunca dar derecho
a eliminar al bebé inocente. Eso sería pretender
curar una herida terrible, con un acto de violencia mayor.
La mujer pasaría de ser víctima a ser victimaria
de un acto aún más violento, por la situación
de absoluta indefensión del niño y por ser un
homicidio”.
Los obispos consideran además que “en la actual
mentalidad relativista el derecho de cada uno se pone por
encima del derecho de los demás y del bien común
y que basta con un acuerdo social para que una ley justifique
lo que moralmente es ilícito” por lo que, “de
ser cierta esta información”, llaman a las Autoridades
“a reflexionar sobre el particular” y les recuerdan
a los médicos y a todo el personal de la Salud “que
tienen el derecho a renunciar al suministro de esta sustancia,
dado que la objeción de conciencia es un derecho humano
fundamental que no puede ser violentado por ninguna autoridad”.
Finalmente, proponen como solución “una educación
humana integral, en la que participemos todos los actores
sociales, sobre todo en las zonas más desfavorables,
que ayude al hombre y a la mujer a descubrir su dignidad personal
y a orientarse hacia un amor pleno y gratuito en la vida familiar
y conyugal”.
Fuente:
www.aica.org
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