Ley del Silencio
Ahora le toca a la justicia
Los argentinos, hemos decidido vivir en democracia, elegimos
una política representativa y republicana, pero, desde
la recuperación del sistema, no hemos logrado entender
el profundo cambio que ello suponía, en cuanto a los
derechos y obligaciones que los individuos debían asumir
para aportar al conjunto de la sociedad.
Los representantes no pudieron despegarse de las viejas políticas
y continuaron haciendo todo lo suyo en el marco del “más
o menos”, sin mucha precisión, tanto como “pa’
ir tirando” y con muy escaso compromiso.
Claro, que para poder comprometerse en algo, mínimamente,
hay que poseer alguna noción de lo que se habla a la
hora de tener que defender.
Y nadie puede defender bien aquello que no conoce, o que
no ama.
Nuestros más preciados tesoros, como las leyes, la
Constitución Nacional, los acuerdos internacionales,
la libertad de expresión, el derecho a la información,
el interés público, el pluralismo, la seguridad
jurídica, etc., quedaron en manos de quienes -por lo
visto- tienen una muy vaga idea de lo que todo eso significa
para la vida de las personas dentro de una democracia. Y nuestros
representantes no lo supieron defender, no pudieron oponerse
al dictado de una ley que tiene tanto que ver con los derechos
inalienables de los ciudadanos.
En consecuencia, es el turno de los jueces; más de
los jueces que de la balanza de la justicia, que tantas veces
parece “desbalancearse”.
Siempre nos han enseñado que las leyes no pueden contradecir
la constitución, y que las leyes injustas son el comienzo
de las tiranías. Por lo tanto, corresponde a los jueces
dirimir estas cuestiones, cuando las garantías constitucionales
son puestas en peligro.
Un representante del oficialismo dijo que los grupos monopólicos
o de concentración no pueden resguardarse en derecho
adquirido alguno, cuando lo que tienen no ha sido obtenido
conforme a las leyes. Esa interpretación habilita a
que todas las licencias de sistemas multicanales de televisión
codificada en Banda de UHF (aprox. 2.013 canales), adjudicadas
en abierta violación de la normas vigentes, también,
entrarían en esa misma interpretación.
Sería bueno conocer entonces, por qué de estas
adjudicaciones que representan una concentración aún
mayor que la que se quiere combatir, no se habla, o no aparece,
ni mínimamente, planteada en el Proyecto de ley.
El desorden siempre es proporcional a la tolerancia que se
le tiene.
Los jueces ahora deberán evaluar si el desorden planteado
es posible de tolerar en una democracia que -definitivamente-
quiere salir de la dictadura.
Edgardo Molo
Asesor Técnico Legal
Especialista en Radiodifusión
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