Intentan
despachar aborto a petición desde los 14 años
La Comisión de Salud de la Legislatura porteña
está discutiendo un borrador para un dictamen sobre
“aborto no punible” como otra de las formas encubiertas
para legalizar el aborto. Una vez más, la estrategia
abortista es denunciada por la Lic. Mónica del Río,
Editora del boletín NOTIVIDA.
El borrador del dictamen fue consensuado por los autores
de los cuatro proyectos en estudio (los kirchneristas Juan
Cabandié y Pablo Failde, la ibarrrista Gabriela Alegre,
y la activista feminista Diana Maffía, diputada de
la Coalición Cívica).
La estrategia abortista
“Regular la práctica de los abortos no punibles”
es una de las tantas estrategias para legalizar, irrestrictamente,
el aborto. Más aún, estos proyectos transforman
el delito en “derecho” y obligan finalmente a
los directivos de cualquier centro de salud a cooperar con
esos crímenes nefandos.
Los proyectos comienzan por ampliar las excusas absolutorias
contempladas en el Código Penal, reinterpretándolas
ideológicamente. Después transforman los abortos
que pueden no recibir sanción penal -si se demuestra
tras la comisión del delito que se han cumplido los
requisitos para que opere alguna excusa absolutoria-, en “abortos
permitidos por la ley”. Seguidamente legalizan los mal
llamados “abortos permitidos” proveyendo la práctica
en los centros de salud. Y finalmente obligan a todos los
centros de salud a disponer las medidas necesarias para garantizar
los abortos.
El proyecto consensuado
Prevé que el aborto se practique cuando afecte la
salud integral (física, psíquica o social) de
la mujer. Bastaría con que una adolescente diga que
el bebé le impediría seguir estudiando (afectación
de la salud social) o que la sola idea de verse con panza
a esa altura de la vida la deprime (afectación de la
salud psíquica). El aborto se debería practicar
“en un plazo no mayor a los 10 (diez) días corridos
desde la solicitud de la mujer”. Quedaría expresamente
prohibido pedir el consentimiento de los padres a partir de
los 14 años y, en cualquier circunstancia, la intervención
de los comités de bioética o la autorización
de la justicia.
Se legalizaría además el aborto en casos de
violación, bastando para acreditarla la declaración
de la mujer, no se podría exigir la denuncia policial,
lo que facilitaría el accionar de los violadores. Como
en el caso anterior se prohíbe pedir el consentimiento
de terceros (marido, padres) y la intervención de la
justicia, auditores, comités, etc. En caso de duda
el médico deberá adoptar aquella decisión
“que mejor se compadezca con los derechos de la mujer”.
Los profesionales de la salud deberán declarar por
escrito que son objetores de conciencia al comenzar a prestar
servicios o a los 30 días de promulgada la ley si ya
lo están haciendo.
Si todos los profesionales de un centro de salud son objetores
los directivos están obligados a “disponer las
medidas necesarias para asegurar las prestaciones en los plazos
establecidos”.
Los expedientes
El borrador del dictamen unifica cuatro expedientes:
921/2008: presentado por el kirchnerista Juan Cabandié,
acompañado por su compañera de bloque Silvia
La Ruffa, la socialista Verónica Gómez, Gabriela
Cerruti (Nva. Democracia), Patricia Walsh (Nva. Izquierda),
Martín Hourest (Igualdad Social), Facundo Di Filippo
y Diana Maffía (los dos últimos de la Coalición
Cívica)
1305/2008: de la ibarrista Gabriela Alegre
1306/2008: presentado por la diputada de la Coalición
Cívica Diana Maffía y confirmado por sus compañeros
de bloque Facundo Di Filippo y Sergio Abrevaya; los socialistas
Verónica Gómez y Julián D'Angelo, Patricia
Walsh (Nva. Izquierda), Martín Hourest (Igualdad Social)
y Raúl Fernández (Encuentro Progresista).
1475/2008: del kirchnerista Pablo Failde, confirmado por
su compañera Alicia Bello.
Fuente:
NOTIVIDA, Año IX, Nº 612, 9 de septiembre de 2009
Editores: Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja y Lic. Mónica
del Río
Página web www.notivida.org
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