Episcopado
de Venezuela "por el Respeto a los Derechos Humanos"
Ante las detenciones ocurridas
en estos últimos días
Buenos Aires, 16-09-09.(AI).- Ofrecemos el texto completo
del preocupante comunicado que los obispos miembros de la
Comisión de Justicia y Paz Nacional de la Conferencia
Episcopal Venezolana han emitido ante las diferentes denuncias
recibidas con ocasión de las detenciones ocurridas
en estos últimos días. Su contenido deja en
claro, una vez más, la grave situación existente
en el país gobernado por el régimen bolivariano
de Hugo Chávez.
1. Rechazamos cualquier intento por parte de las autoridades
de criminalizar a quienes ejercen el derecho ciudadano a la
manifestación, establecida en el artículo 68
de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
2. Nos preocupa que en los más recientes procedimientos
judiciales contra personas a quienes se les ha detenido en
el contexto de protestas o manifestaciones públicas,
El Estado ha vuelto a la práctica de la detención
preventiva, al "detener para investigar" antes que
"investigar para detener". Acciones que nos retrotraen
a etapas que creíamos felizmente superadas con la adopción
del Código Orgánico Procesal Penal.
3. Recordamos que con la promulgación del Código
Orgánico Procesal Penal en 1998, y de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela a finales
de 1999 se derogó el antiguo sistema inquisitivo del
Código de Enjuiciamiento Criminal; a la tristemente
célebre "detención por averiguaciones"
y del auto de detención se pasó al principio
de que la persona tiene derecho a ser juzgada en libertad
y a que se respete su presunción de inocencia hasta
la plena demostración judicial de la culpabilidad,
principios recogidos en los artículos 1º y 9º
del Código Orgánico Procesal Penal:
4. Denunciamos que a personas que ejercen el derecho a la
reunión y a la expresión del pensamiento, garantías
reconocidas en la Constitución (artículos 53
y 57) sean sometidos a procesos penales e imputados por delitos
de suma gravedad como la rebelión civil, el agavillamiento,
la instigación a la guerra a delinquir, y sean sometidas
a juicio; parece existir una escalada en la administración
de las medidas de coerción personal, si en los años
2004 al 2009 se sometía a proceso penal bajo régimen
de presentación ante tribunales, recientemente se ha
optado por someter a las personas detenidas a la más
grave de las medidas de coerción personal. Además
es sumamente preocupante que los jueces de control estén
decretando medidas de privación de libertad a ser cumplidas
en establecimientos penitenciarios ordinarios como El Rodeo,
Yare, La Planta, Tocuyito, etc.; en los cuales no existe clasificación
entre procesados y sentenciados, ni existen garantías
de respeto a la integridad física y a la vida de las
personas detenidas. Al escoger como lugares de detención
a penales pública y notoriamente inseguros pereciera
practicarse un evidente afán por crear precedentes
que atemoricen al resto de los ciudadanos.
5. Denunciamos y Repudiamos todo tipo de atentado contra
la dignidad de la persona humana, y contra el trabajo honorable
de organizaciones que por años han trabajado en la
defensa de los derechos humanos. La difamación, el
allanamiento, los ataques orales y escritos son acciones que
descalifican y denigran la fama y la moral de organizaciones
serias y comprometidas. Reconocemos el trabajo de toda la
red de DDHH y respaldamos a organizaciones que han sido atacadas
como COFAVIC, PROVEA, Observatorio de Prisiones, entre otras.
6. Instamos al Estado venezolano a actuar apegado a los estándares
de protección de los derechos humanos establecidos
en la Constitución de la República. Animamos
a los Poderes Públicos a cumplir su misión resguardando
el principio fundamental de la Independencia de los poderes
públicos.
7. Pedimos a todos los venezolanos: primero, denunciar ante
las instituciones pertinentes cualquier anomalía surgida,
recordando que el camino para fortalecer la democracia es
institucional; segundo, trabajar por la paz, la reconciliación,
el respeto de la dignidad humana, el entendimiento entre todos,
el destierro de la violencia y el odio, y abrir espacios para
la convivencia sin distinción ni reservas.
8. Recordamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que la
oficina de Justicia y Paz, cumpliendo con su misión
humanitaria y de defensa de los derechos humanos de todos
los ciudadanos y ciudadanas, sin importar su pensamiento político,
seguirá apoyando cualquier denuncia de quienes se vean
afectados en sus derechos.
En Caracas a los 14 días del mes de Septiembre de
2009
+ Monseñor Roberto Luckert León
Presidente de la Oficina de Justicia y Paz
Vicepresidente de la CEV
Fuente:
www.anunciarinforma.com.ar
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