Desmonopolización de la televisión
por cable
Monopolio: Privilegio exclusivo
en la fabricación o control de un producto o servicio.
El Estado, en cumplimiento de las garantías previstas
en el Art. 42, de la Constitución Nacional, es quien
-desde siempre- debe ejercer el control de los monopolios.
Con la explotación de medios electrónicos de
radiodifusión y/o distribución, ese control
-contraria-mente a lo que establece la C.N.- ha sido, “demasiado
laxo o sospechosamente permisivo”.
Primero, dispuso el cierre al acceso de licencias de sistemas
complementarios de televisión por cable durante unos
10 años. Dicho cierre benefició -casualmente-
a quienes ya tenían licencias para dichos sistemas,
localizados y en funcionamiento en gran parte del país:
CABLEVISIÓN, MULTICANAL, SUPERCANAL, TELECENTRO, etc.
Luego, se otorgó una prórroga automática
de licencias, por 10 años más. La medida, también
favoreció a los grupos dominantes.
Más tarde, mediante Resolución 227/08, obligó
a todos los operadores de cable del país a incluir
en sus grillas de programación, las señales:
TN, C5N, AMÉRICA 24, CRÓNICA TV y CANAL 26.
Evidentemente, todas medidas que favorecieron a los grandes
concentradores que -ahora- se quieren combatir, y a sistemas
privados, en cuyos negocios el Estado no debería intervenir.
Si bien todos podemos estar de acuerdo en que no deben existir
posiciones dominantes en materia de comunicación, deberíamos
saber cuál será el método a emplear con
aquellas empresas que tengan posición dominante, para
que cedan la proporción que exceda el 35% de sus mercados.
En muchos pueblos y ciudades del interior del país,
existe un solo canal de cable. En contra de lo que se pregona,
se debe decir que el cable en sí mismo (aunque diferencial
en su recepción) es un sistema plural en cuanto a contenidos,
habida cuenta que en sus grillas coexisten variadas señales
provenientes de servicios de radiodifusión de televisión
abierta y de señales privadas de variada índole;
toman y distribuyen, tanto a las privadas locales (si las
hubiera) como las de Capital Federal (vía satélite);
la pública local y la central (mediante repetidoras);
internacionales de todo el mundo, y tiene capacidad de ampliar
la oferta de manera sustancial, muy por encima de las 80 señales
promedio, que ofrecen en la actualidad. Es más, podría
incluirse la obligatoriedad de que las señales de producción
extranjera de noticias sean incluidas entre las ofertas codificadas,
a fin de tenerlas disponibles a la demanda de los abonados.
Quiere decir, que -en el caso del cable- no se da el mentado
monopolio informativo, por lo cual, el único monopolio
o posición dominante que se observa, es la del mercado
comercial.
Ahora, veamos si esos pequeños mercados pueden albergar
y sustentar a más de un servidor de cable.
En los pueblos del interior del país, como ya se dijo,
se dan situaciones muy particulares; en la gran mayoría
de los casos apenas funciona un canal de cable; evidentemente
allí, esas pequeñas empresas presentan una posición
dominante (no ocurre lo mismo con las radios, dado que, su
instalación y operación tiene menor exigencia).
- ¿Qué se haría en estos casos?, ¿deberían
cerrar por su posición dominante o monopolica, o deberían
reducirse al 35% (¿del territorio o de abonados?),
para ajustarse a la norma?
- En ese caso, ¿Se permitirá el ingreso de
otros servidores superponiendo sus redes (para que los clientes
puedan optar entre unos y otros), o solamente ocuparían
las áreas no cubiertas por el anterior?
Aquí existen tres posibilidades: que la superposición
de redes impida tener la cantidad de abonados necesarios para
el mantenimiento económico de las empresas, con lo
cual, por un lado, peligrarían las fuentes de trabajo;
otra, que se pondrían en situación de riesgo
los derechos de información de los suscriptores; y
la tercera, que en caso de dividir el territorio urbano por
el número de servidores, esas empresas regresarían,
aunque más pequeña, a la situación monopólica
inicial (pues los usuarios no tendrían opción),
pero, monopólica al fin.
La atomización de la actividad, inexorablemente, produciría
la atomización del mercado suscriptor y por ende, el
deterioro de los sistemas, pudiendo acarrear entonces el cierre
de las emisoras, con lo cual, la gente podría quedar
sin el servicio, cosa que es prioritaria.
Durante los 25 años en democracia, las autoridades
se abocaron -exclusivamente- a desarrollar sistemas complementarios
(onerosos) de exclusivo interés privado, dejando de
lado a los de interés público (abiertos y gratuitos)
que -justamente- por ser primeros en orden e importancia,
nunca debieron ser adjudicados en primer término. Es
muy obvio: no puede existir lo secundario, sin la previa existencia
de lo primario.
En cambio, si se hubiera dado la verdadera importancia que
poseen los servicios primarios abiertos y gratuitos -incluyendo
los de baja potencia, comunitarios- hoy, el servicio estaría
garantizado para todos sin excepción, por más
problemas que hubiera entre los sistemas de segunda categoría.
La presencia de -al menos un servicio abierto- destruye toda
situación monopólica, dado que el espectador
-tiene en el aire la otra opción-, incluso, dentro
del cable, puesto que éste último tiene la obligación
de distribuir las señales abiertas a sus abonados,
con lo cual, dentro del mismo sistema de cable coexistirían
-al menos- dos medios, independientes.
Lo que falta es templanza y serenidad a la hora de pensar
en “todos”, porque el calor de las ideas puede
llevar a pensar solamente en “algunos”, con lo
cual, los fines intrínsecos de la comunicación
se verían sumamente dañados.
El pluralismo, la libertad de expresión, los derechos
de buscar información y el interés público,
estarían salvados y garantizados.
Edgardo Molo
Asesor Técnico Legal
Especialista en Radiodifusión
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