Los
tribunales privan de libertad a quienes participan en protestas
Los obispos de Venezuela denuncian
una escalada de medidas de coerción personal
CARACAS, martes, 15 septiembre 2009 (ZENIT.org).- La Conferencia
Episcopal de Venezuela (CEV) denunció este lunes que
las recientes medidas decretadas por Tribunales del país,
que han resuelto privar de libertad a quienes han participado
en protestas y manifestaciones opositoras, hacen parecer que
existe una "escalada" en la administración
de medidas de coerción personal.
Monseñor Roberto Lûckert, vicepresidente de
la Conferencia Episcopal, leyó en rueda de prensa un
comunicado en el que los obispos expresaron su posición
frente a la reciente detención de al menos trece personas
que participaron en dos manifestaciones contra el Gobierno
de Hugo Chávez el pasado agosto, y que han sido imputadas
de, entre otros delitos, "incitación a la guerra
civil".
Una de las manifestaciones, el pasado 22 de agosto, fue disuelta
por la policía con gases después de que un grupo
de manifestantes lanzó piedras y botellas a los agentes,
mientras que la otra, el 26 de agosto, de empleados de la
Alcaldía Mayor de Caracas, no pudo llegar hasta la
sede del Supremo, donde pretendía culminar.
Los obispos denunciaron que "personas que ejercen el
derecho a la reunión y a la expresión del pensamiento,
garantías reconocidas en la Constitución",
son ahora "sometidas a procesos penales e imputados por
delitos de suma gravedad como la rebelión civil, el
agavillamiento, instigación a la guerra".
Repudian también los prelados que se designen como
centros de reclusión para los imputados, establecimientos
penales ordinarios como lo son El Rodeo, Yare, La Planta,
entre otros, en los cuales "no existe clasificación
entre procesados y sentenciados, ni existen garantías
de respeto a la integridad física y vida de las personas
detenidas".
Los obispos venezolanos consideran que la fijación
como lugares de reclusión de estos lugares "notablemente
inseguros" pareciera responder a un "evidente afán"
por crear precedentes para atemorizar a la población.
La CEV recordó que "la promulgación del
Código Orgánico Procesal Penal en 1998 y de
la Constitución de la República de Venezuela
a finales de 1999, derogó el antiguo sistema inquisitivo
del Código de Enjuiciamiento Criminal" y que de
la "detención por averiguaciones y el auto de
detención" se pasó al principio de que
toda persona tiene derecho a ser juzgada en libertad y al
derecho a la presunción de inocencia, hasta la plena
demostración judicial de la culpabilidad.
"Si en los años 2004 y 2009 se sometía
a procesos penales bajo régimen de presentación,
recientemente se ha optado por someter a las personas detenidas
a la más grave de las medidas de coerción personal".
Los obispos denunciaron "todo tipo de atentado contra
la dignidad humana" y contra las organizaciones de defensa
de Derechos Humanos. Expresaron su respaldo a agrupaciones
como Cofavic, Provea y el Observatorio de Prisiones, que han
sido criticadas por el Gobierno.
Instaron al Estado a actuar apegado a los estándares
de protección o de Derechos Humanos, a la par que exhortaron
a los poderes públicos a cumplir su misión respetando
la independencia entre las distintas instituciones.
Monseñor Lûckert aseguró que la Oficina
de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal, seguirá
apoyando toda denuncia de quienes consideren que son vulnerados
sus derechos.
Fuente:
www.zenit.org
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