Foros de debate: "Discursos para la tribuna"
Por *Edgardo Molo

Dentro del marco generado por la necesidad real de tener una nueva ley de radiodifusión, se ha podido advertir, cómo de pronto y compulsivamente, esa cuestión ha tomado un carácter de tipo imperioso y fundamental para la vida democrática del país, cuando hace poco más de un año atrás, de este tema ni se hablaba.

Desde el comienzo mismo de la democracia, la misma fuerza de la libertad había movilizado a la enorme cantidad de radiodifusores que hasta ese momento no habían podido darse a conocer públicamente por causa de la mezquindad existente en esa materia. La dictadura se había apoderado de todos los medios de radio y televisión y no se adjudicaban licencias para operar el servicio.

Con el advenimiento de la democracia, esa fue una de las primeras cuestiones que impulsó el gobierno. De entonces. Pero, para que ello fuera posible dentro del nuevo ordenamiento político del país, tenía que impulsar la creación de un nuevo marco legal, en reemplazo del que había sido instaurado por el gobierno “de facto”: el Decreto Ley 22.285.

En abril de 1984 se dicta el Decreto 1151 que suspende los concursos públicos para el acceso a las frecuencias y licencias de radiodifusión, por parte de los particulares.

La medida, tenía absoluta y total coherencia con el requerimiento planteado de realizar los estudios correspondientes a un nuevo Plan Nacional de Frecuencias Radioeléctricas, que también fuera a reemplazar al hasta entonces vigente (PLANARA - Decreto 462/81), confeccionado por la dictadura militar.

Al mismo tiempo que ordenaba dichos estudios, el Estado no podía abandonar la tenencia de las emisoras que habían sido confiscadas por el gobierno militar, ya que resultaba imprescindible tener previamente esos instrumentos técnico-jurídicos, para poder hacerlo dentro de un marco legal y confiable.

Pero, siempre aparece un “pero”, nunca pudieron cumplirse los mandatos de aquel decreto. Por lo tanto, a pesar de haber transcurrido 29 años de su dictado, éste sigue vigente. Pero, otro “pero” más, sin que jamás se hubiera cumplido, siquiera, la “veda” que había impuesto para reservar las frecuencias de radiodifusión y administrarlas mediante los debidos y obligados concursos públicos. Esto por tratarse de un recurso natural escaso, poco abundante, finito, limitado, agotable y no renovable.

Los organismos del Estado, a pesar de la plena vigencia de la suspensión decretada, igualmente asignaron y adjudicaron todas esas frecuencias abiertas para la instalación de sistemas multiseñales de televisión codificada (cerrada), exclusiva para abonados. Similares a las empresas de televisión por cable, pero, que en lugar del cable utilizan nuestras frecuencias del espectro radioeléctrico, para ahorrarse el tendido de sus redes.

Ahora, debido a dicha irregularidad, nos hemos quedado sin una sola frecuencia libre, en los lugares de mayor conflicto, en las que se podrían instalar servicios abiertos y gratuitos, para el público en general.

Y de pronto, aparece el discurso que nos habla de la necesidad imperiosa que tiene la democracia de lograr un mayor pluralismo, en los medios de radiodifusión. ¡Chocolate por la noticia!

Hace casi treinta años que los actores de la radiodifusión alternativa, surgidos en democracia, vienen reclamando esto que ahora parece ser la llave maestra de un solo iluminado.

Y nos cuentan sobre las virtudes de la pluralidad de ideas y opiniones, cuando eso ya figura en los tratados internacionales derivados de las convenciones de los Derechos Humanos, que a partir de 1994, son propia letra de nuestra Constitución Nacional.

Acaecida, así de pronto, esta imperiosa y repentina necesidad de tener una ley verdaderamente democrática, se han promovido infinidad de “Foros de discusión y debate”, donde quienes los promocionan, ni siquiera conocen la verdadera definición del servicio que pretenden regular. Tampoco saben lo suficiente sobre la composición del espectro radioeléctrico o de diferenciar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

Ello ocurre, porque la verdadera necesidad no es la que se pregona. Lo que se intenta, no es otra cosa que reducir la preponderancia informativa de un concentrador en especial, y no, de todos los que ostentan similar situación de poder.

Una nueva ley de radiodifusión no puede mermar una concentración inexistente, simplemente porque esa concentración no existe en lo que denominamos: “radiodifusión”. Y menos aún considerando, que si la hubiera, no sería producto de una violación a las leyes, sino que estaría respondiendo a las reglas establecidas por la autoridad de aplicación, como resultado de las normas dictadas por el Congreso Nacional.

Tomemos como ejemplo al Grupo Clarín, el cual recoge todos los embates del oficialismo desde el conflicto agrario. ¿Cuál es la concentración de medios “de radiodifusión”, por parte del citado grupo?, una emisora en AM (radio Mitre); una emisora en FM: (la 100), y una de televisión: (Canal 13); todo lo permitido por la ley.

Si bien, dicha empresa también posee a Multicanal y Cablevisión, de manera superpuesta en una misma localización, en realidad, el servicio complementario de televisión por cable, no se encuentra clasificado como “de radiodifusión”, por lo tanto, no debe sumarse a esa llamada concentración de medios “de radiodifusión”, que se le endilga.

En ese caso, si es que existe alguna concentración de medios, lo sería en la parte gráfica y no en radiodifusión, y en esa modalidad no cabe ningún tipo de restricción. De todas maneras, no debemos olvidar que -tanto, la libertad de expresión como de prensa- se encuentran plenamente garantizadas por nuestro máximo ordenamiento jurídico.

Supongamos que, como dicen muchos, hoy no existe libertad de prensa, sino, libertad de empresa. Pues bien, lo que habría que considerar entonces, es la participación en la titularidad de medios, de una mayor cantidad de empresas que permitan la pluralidad que tanto se necesita.

No se logra mayor pluralismo cerrando o restringiendo el acceso a los medios, sino todo lo contrario. Se logra abriendo el juego a todos los que quieran hacerlo, mientras existan factibilidades técnicas de asignación y cuando se trate de medios de radiodifusión que necesitan, para poder funcionar, de las únicas frecuencias del espectro radioeléctrico que permiten cumplir el servicio, conforme su principal característica: la gratuidad.

Lamentablemente, esas frecuencias ya fueron todas adjudicadas -como se dijo- a sistemas por abono. Nuestras frecuencias las explotan algunos privados que emiten señales en forma onerosa y sólo las disfrutan los abonados que las reciben.

Ahora bien, cuando se habla de concentración ¿Por qué no se habla de la concentración de sistemas “multiseñales” que utilizan frecuencias abiertas -en cantidades exorbitantes- que fueron adjudicadas a la televisión codificada?

Dicha malversación y enajenación de frecuencias, perfectamente, podría tipificarse como “censura más que previa”, ya que, sin que nadie se hubiese podido enterar, todas aquellas frecuencias que podrían -en el futuro- albergar a servicios abiertos y gratuitos se adjudicaron a sistemas cerrados, a los que nadie tiene acceso y se desconoce aún si, ciertamente, pudieron captar suscriptores. Similar a la retención de papel para periódicos.

En la administración pública existe un precepto ineludible (bueno, tal vez no lo sea tanto): “no se deben dictar normas que beneficien a pocos, en perjuicio de muchos”.

Evidentemente, no es el caso.

Tampoco se nos puede argumentar que tales medidas hayan sido pensadas para beneficio del bien común o para respetar el interés público, declarado al servicio.

Si, claro, tampoco es el caso.

Aún así, quieren dar cátedra sobre la distribución de la riqueza, como si la riqueza sólo fuera aquella de índole material. Nada dicen de la distribución de la otra riqueza que la gente también necesita como el pan de cada día, como puede ser la riqueza del conocimiento y de la cultura; la riqueza formativa e informativa, o como también la que brinda el entretenimiento. No, de eso no se habla.

Y mientras nos tratan de convencer de lo importante que es la distribución de la riqueza, el propio Ministerio de Educación instala un canal llamado “Encuentro” (que -en realidad no es un canal-, sino, una señal de muy buenos contenidos), al que se lo incluye -curiosamente- como uno de los tantos Medios Públicos que posee el Estado. Pero, siempre aparecen “peros”, hete aquí que para poder disfrutar de este “medio público” hay que abonarse a un sistema privado. ¿Qué loco, no?, todos pagamos impuestos para sostenerlo, pero, solamente lo pueden ver los abonados de cable.

Por eso es que lo llaman “medio público”, porque sólo puede verlo “medio público”, el que está abonado al cable.

Y debemos coincidir que desde el Estado no se puede promover a un sistema tan discriminatorio como el del canal Encuentro. Y menos, por la más odiosa de las discriminaciones: la del poder adquisitivo de las personas.

La obligación del Estado es dar satisfacción al interés público y no al privado.

Los no abonados al cable, son -justamente-, quienes más necesitan de los contenidos de una señal como Encuentro. En cambio, quienes hoy la reciben, los de mayor poder adquisitivo, podrían acceder a cualquiera de las posibilidades comunicacionales que ofrece el mercado.

¿A quién se le entrega la señal Encuentro para su distribución? -Nada menos que al Grupo concentrador que el gobierno -dice- querer combatir, y para sus sistemas de cable Multicanal y Cablevisión, que son mayoritarios en todo el país.

No se entiende, por un lado dice que lo combatirán, y por el otro, lo benefician con la producción de Encuentro, que pagamos todos los argentinos. Todo ello, a pesar de poseer el Canal 7 - “la televisión pública”, que llega a la mayor parte del país, por aire y por cable.

Por lo visto hasta aquí, todo lo que se pregona no tiene correlato con lo que se hace. Y esto no es una crítica a la actual conducción, sino, a todas las que hemos tenido que soportar desde que arribamos a la democracia, una forma de gobierno con la que queremos vivir los argentinos, sin ninguna duda, y a pesar de algunos dirigentes.

Si la idea, como se dice, era la de desmonopolizar y brindar posibilidades a nuevos emisores, etc., etc., ¿Por qué el actual Interventor del COMFER entregó DIEZ (10) frecuencias de radiodifusión de televisión al sistema codificado más concentrador que existe en el mercado?

Es todo muy extraño.

Se habla de la participación de las telefónicas en la radiodifusión, de los sistemas de cable, de Internet y de los sistemas codificados; se dice en forma grandilocuente que a todos estos modernos sistemas “audiovisuales” el anteproyecto de ley, los declara como servicios de interés público.

¿Desde cuándo los sistemas onerosos y de recepción exclusiva de unos pocos, pueden ser considerados como de interés público?

Insisto, a medida que avanzo en el análisis, todo me parece más extraño. Todas las reglas conocidas y con fuerte arraigo, han sido puestas de cabeza. En fin, por cuestiones de salud, no creo que pueda seguir adelante con este análisis.

Porque el discurso que se emplea para convencer al soberano, pareciera haber sido pergeñado, para “la tribuna”. Aquellos que creemos y confiamos en quienes gozan de la presunción de racionalidad y razonabilidad que les otorgan sus cargos de funcionarios.

* Asesor Técnico Legal
Especialista en Radiodifusión