Una mirada crítica a los medios

Por *Edgardo Molo

Critica a la entrevista realizada, por el periodista Jorge Lanata al interventor del COMFER Lic. Juan Gabriel Mariotto, en el programa: “DESPUES DE TODO” – DDT, que se emite en CANAL 26 NOTICIAS el viernes 05 de Junio del 2009.

En el inicio del programa, el conductor hizo un paneo sobre un cuadro sinóptico en el cual se podía observar -esquemáticamente- la interrelación que existe entre los diversos medios de comunicación que funcionan en el país.

Pero, no todos los que figuraban allí correspondían a medios “de radiodifusión”, sino, a distintas modalidades de la comunicación, y entre ellas, algunas de radiodifusión; y sobre todo, de aquellas empresas que ostentan un indisimulable poder de concentración.

Allí, se destacaban ostensiblemente los grupos mayoritarios de esa concentración y los con-tactos subterráneos que los liga con otras empresas de comunicación. Una verdadera red, de alguna manera unificada.

Hasta ahí, salvo el común error de clasificar a todo eso como “de radiodifusión”, la cosa iba bastante bien encaminada.

Al presentar a su entrevistado, Jorge Lanata anticipa su posición diciendo que en realidad no sabe si el Proyecto de la nueva ley será bueno o no, pero, que a él le bastaría con terminar con la ley de la dictadura.

Esa es, sin ningún lugar a dudas, la gran deuda de los legisladores con la democracia, ya que durante 25 años, no se supo, no se pudo, o no se quiso legislar, al respecto.

Y resulta muy claro, que la mayor parte de los ciudadanos coincide respecto a ello: el Decreto Ley de Radiodifusión 22.285 de la dictadura, debe ser derogado por una nueva ley de la democracia. Pero, nunca a nadie se le explicó, por qué durante 25 años, no se hizo.

Sería bueno decir también, que muchos “demócratas” supieron aprovechar la situación de vacío o ambigüedad que presentaba la ley de la dictadura, aún vigente, y que de haberla cambiado en su momento (cuando así lo ordenaba el Decreto 1151/84), no se hubiera podido hacer aquel aprovechamiento. Para cambiar la ley hacía falta una fuerte decisión política.

La entrevista Lanata - Mariotto, dejó mucho que desear. Cuando el entrevistador y el entrevistado desconocen la materia en tratamiento, no se puede esperar algo esclarecedor, sino, todo lo contario.

Cuando quien pregunta lo hace desde el desconocimiento absoluto, está dando lugar a que el entrevistado pueda responder lo que se le ocurra; y si éste -además- tampoco sabe de lo que habla, peor aún.

No se puede creer; pero, tampoco se puede aceptar que el Interventor del organismo que impulsa un instrumento tan importante para la democracia, como una nueva ley de radiodifusión, ni siquiera sepa cómo se compone el espectro radioeléctrico, algo así como el ABC de la materia en tratamiento.

En determinado momento el entrevistado mencionó las frecuencias de UHF; el periodista, como corresponde y con el objeto de aclararle a sus televidentes, le preguntó cuáles eran esas frecuencias, a lo que respondió sin ningún reparo (total, Lanata y la gente no entienden nada), que la Banda de UHF, son los canales del 16 al 55. Gravísimo error saliendo de la boca del Interventor del COMFER. Un verdadero papelón. Y Lanata, no supo advertir tan grave error.

Más adelante, el Lic. Mariotto, aseguró que se reservará ¨ como piso” un 33% de frecuencias para emisoras estatales.

El Interventor, así como desconoce la conformación del espectro radioeléctrico, también desconoce su actual situación de saturación, lo que hace imposible una futura o inmediata adjudicación de frecuencias. Esa reserva del 33%, únicamente, podría ser factible sobre un espectro virgen, y no, en las actuales condiciones. Hoy, no existe ni una sola frecuencia disponible; es decir, que el Sr. Interventor no se ha informado debidamente al respecto, a pesar de haber recibido informes particulares en donde se le advertía sobre dicha circunstancia. Seguramente, no los leyó. Tampoco consultó a los profesionales locales, pero sí, consultó a profesionales extranjeros, a quienes nunca se les ocurriría imaginar lo que aquí, en nuestro país, se hizo con las frecuencias, con las leyes, con los reglamentos y convenios internacionales, con la constitución, y por lo tanto, como “sin diagnósticos, no pueden existir tratamientos”, éstos jamás podrían aportar soluciones al problema, pues, sus recetas estarían dirigidas a “un sano”, y no, a “un enfermo”, casi terminal.

Nuestros técnicos, los que abundan en los organismos pertinentes, tienen el diagnóstico preciso de lo que padece nuestra radiodifusión; son los médicos de cabecera los que mejor conocen a sus pacientes, sus historias, sus vicios y debilidades. Nuestros funcionarios consultaron a otros, lejanos, pero, ni siquiera les llevaron una simple radiografía o un mínimo análisis de su estado actual; o sea, que les deben haber dicho que nuestra radiodifusión, prácticamente, nacerá a partir de esta nueva ley.

Hay que observar que -a partir de la democracia- la Ley 22.285, tiene más modificaciones que artículos, por cuanto, podría decirse que de la ley de la dictadura ya no queda casi nada; y -justamente- los artículos que más han perdurado y que aún son aplicados por el COMFER, son los más restrictivos y casualmente, aquellos sobre los cuales existe infinidad de fallos judiciales por inconstitucionalidad.

Como ejemplo podríamos mencionar que la ley de la dictadura, sólo permitía una multiplicidad de cuatro (4) medios (FM. AM, TV abierta y Cable) para cada licenciatario; en la década del ‘90 dicha cantidad se amplió a 24, y ahora, el anteproyecto de ley propone un máximo de diez (10); más del doble de lo que permitía la ley de la dictadura.

En algún momento del programa, se criticó que la actual ley no permita que el Estado posea medios en aquellos lugares en los cuales ya exista la actividad privada, y se mencionó a Mar del Plata como uno de esos lugares. En verdad, en Mar del Plata se recibe al Canal 7 estatal, a través de su repetidora; lo que no puede hacer el Estado es instalar una emisora “local”, de origen, de producción propia y que pudiera sustentarse de la publicidad, pues, ello sería absolutamente antiético por parte del Estado que le otorga la licencia, ya que, estaría haciendo una competencia desleal y obligando a los licenciatarios, que como contribuyentes, paguen los impuestos de los que se sustentarían sus competencias.

El entrevistado traía una carga muy evidente de subjetividad, dado que, en un momento re-saltó que había recibido -de uno de los grupos concentradores- una sugerencia de modificación al anteproyecto, donde se solicitaba quitar de la ley toda mención a las declaraciones de derechos humanos y al Pacto de San José de Costa Rica.

En realidad, no es necesario que la ley refrende a los pactos derivados de las declaraciones de los DD.HH., pues, además de tener una norma específica (Ley 23.054), ya forman parte -como propia letra- de nuestra Constitución Nacional.

Lo que realmente surge como grave, es la presencia del Interventor del COMFER en el Canal 26, cuya titularidad cayó (junto con 10 canales más) en manos de quien entonces fuera el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cuando el Art. 45, Inc. f), de la Ley 22.285 inhibe -taxativamente- que los legisladores puedan ser sujetos de radiodifusión; resulta comprometedora la presencia del Lic. Mariotto en un canal que desde su aparición se encuentra en GRAVE FALTA, habida cuenta, que su licencia corresponde a un sistema complementario de televisión codificada -exclusiva para abonados- y sin embargo emite su señal en forma abierta, sin que jamás, la autoridad de aplicación que ahora él conduce, lo haya sancionado como corresponde, por ley.

También el Interventor, habló -casi en forma de promesa- de que en un futuro cercano podrán ser instalados sistemas de televisión por cable, de recepción gratuita. Evidentemente, se recurre a cualquier utopía cuando se pretende conseguir el apoyo popular.

De lo visto y escuchado en esa entrevista, queda como mensaje, que el Anteproyecto de la nueva Ley de Radiodifusión (denominada “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”), pretendería promover un cambio de reglas a mitad de camino, confundir las definiciones de los distintos servicios, para de esa manera, mezclar sus finalidades específicas, lo público con lo privado, lo abierto con lo cerrado, un cóctel muy parecido a la “Jarra Loca”.

No cabe duda alguna, que la ley de la dictadura debe ser cambiada por una ley de la democracia; por una ley moderna, que contemple e incluya a las nuevas modalidades surgidas “a partir de la radiodifusión”, pero no, que lo haga con otros sistemas que nada tienen que ver con esa definición.

Todo lo demás (Internet, codificados, cable, satélite, y los que pudieran surgir en el futuro), deben se parte de capítulos específicos y separados, aún dentro del mismo cuerpo de la ley, para que no se amalgamen, confundan o puedan ser tergiversados, como ocurrió hasta ahora.

Asesor Técnico Legal
Especialista en Radiodifusión