La Condena al sálvate es ideológica

Por Eduardo Barrantes

Por estas horas, desde notorios analistas económicos, dirigentes políticos y funcionarios, expertos en cuestiones sociales hasta personas de diversos quehaceres y culturas, en su condición de ciudadanos, debaten la oportunidad y conveniencia de la utilización de una enorme cantidad de dinero que el gobierno de los Estados Unidos utilizará para paliar los daños de una catastrófica situación ocurrida en la economía del país y que la prensa ha dado en llamar “salvataje financiero”. Aun sin quererlo, se está debatiendo como aspecto central, sobre la moralidad del uso de ese dinero, punto del cual nos vamos a ocupar.

Simultáneamente hay expertos que desarrollan ecuaciones basadas en los conocimientos sobre temas como desarrollo, pobreza, deudas externas, hambruna, necesidades sanitarias o ambientales, entre otros, para demostrar cuantas obras importantes y altamente necesarias podrían hacerse con estos fondos. El resultante es de tal magnitud, y en apariencia tan cercano a la atrocidad, que parece golpear duramente sobre la moralidad del acto y por tanto considerarlo decididamente repudiable. Ante esto invito a tomar una pausa y no juzgar la situación con tanta liviandad.

En primer lugar podemos decir que lo que está en juego es, mayoritariamente, el dinero de los ciudadanos estadounidenses. Estos han puesto sus ahorros en un sistema que defienden al punto de tener reglas avaladas por su propio estado. El sistema es el capitalismo, de raíz liberal, que incluye la presencia de un estado fuerte y eficiente para resolver situaciones como estas.

Luego podemos seguir diciendo que está en juego la economía de los estadounidenses. El gobierno de su país entiende lo que todos sus ciudadanos sostienen cotidianamente y en cada ejercicio de la vida republicana: cuando al sistema capitalista le va bien, a ellos les va bien. Así tienen bonanza económica, trabajo, consumo, buena salud y educación. Cuando al sistema le va mal todos sucumben y sufren. Este principio está a la altura de un tácito pacto social.

Por este motivo, el presidente estadounidense recurre a un resorte institucional y se sumerge en el clima deliberativo del Congreso para que este le apruebe un plan que implica tomar una masa formidable de dinero para salvar a la economía norteamericana y por ende la economía de los norteamericanos. La economía de los poderosos de Wall Street, de los petroleros o ganaderos texanos, de comerciantes u operadores turísticos de La Florida, intelectuales de Boston y tantos oficios y tareas de todo el territorio, incluyendo la de tantos inmigrantes que padecen por lograr el gran sueño americano.

Puestas así las cosas, estamos hablando de una enorme masa de dinero puestas a rescatar de una catástrofe de correlacionada magnitud a una economía de tan amplias proporciones capaz de generar semejante descalabro. De este modo, hablamos de dólares estadounidenses, propiedad de estadounidenses para salvar la economía de los estadounidenses. La repetición de la nacionalidad es intencional.

Los hombres y mujeres de ese país apuestan todos los días a que ese sistema económico es el que les va a proporcionar su propio crecimiento económico. Ante lo cual me imagino que algún lector estará pensando que el gobierno de ese país no sale en salvación de las empresas o comercios de los ciudadanos comunes cuando estas decaen. Les digo que no es eso lo que ellos esperan sino que el gobierno administre bien, gaste bien, controle mucho y se meta poco, solo lo absolutamente necesario o cuando es imprescindible.

Por este motivo, y bajo estas circunstancias, los candidatos presidenciales suspenden sus campañas en un momento acuciante, se reúnen con el Presidente, retornan al Congreso y con matices preparan juntos los instrumentos para salvar no sólo su sistema financiero sino la base de su propio sistema económico.

Esta visión, aunque pueda pecar de odiosa, tiende a provocar en quien la medite el efecto contrario a lo que un sector importante de la dirigencia política de nuestro país genera al escandalizar y demonizar la situación: una fuerte carga ideológica busca socavar la moralidad de la intervención estatal. Esto con desinteresada colaboración de numerosos medios de comunicación, de similar postura ideológica.

Claro que quien escribe repudia el mal uso de la riqueza, le preocupa la “financiación” de la economía en el actual contexto de globalización que le otorga a las transacciones financieras una peligrosa autonomía, tanto que nos plantea la cuestión ética de la relación entre riqueza producida y trabajo, por el hecho de que se crean grandes riquezas sin ninguna conexión con una cantidad definida de trabajo. Por supuesto que comparto la visón de la Popularium Progresso de Pablo VI sobre que “la actividad financiera, según características propias, debe estar ordenada a servir al bien común de la familia humana”.

Más cerca en el tiempo la idea de que “invertir en un lugar y no en otro, en un sector productivo en vez de otro es una opción moral y cultural” según advertía Juan Pablo II en Centesimus Annus. Esto porque las inversiones crean empleos o los eliminan, pueden empujar a las familias hacia la pobreza u ofrecerles una esperanza para el futuro, ayuden o entorpezcan la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Por lo expuesto acerco la invitación de evitar al momento del análisis de una condena apresurada, cargada de ideología y que sólo alimenta un espíritu de absurda confrontación que en el futuro podrá dejar espacios para visiones que afectan al respeto por la dignidad del ser humano y valores como la libertad y el respeto por la vida en todas sus formas.